Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador durante lo que lleva gobernando de su sexenio ha buscado diversos canales para realizar cambios a la actual reforma eléctrica de México sin lograr resultados favorables.
En caso de que se hiciese una contrarreforma eléctrica se elevaría el riesgo país derivado de los conflictos legales que ocurrirían por la cancelación de contratos, advierten especialistas.
Si la contrarreforma eléctrica se aprueba sin cambios y tal cual se envió a la Cámara de Diputados, afectaría a la inversión privada y México entraría en una zona de nula certeza jurídica que incrementaría el costo de financiamiento exterior para México.
La contrarreforma propuesta por AMLO deja que las empresas privadas tengan como máximo el 46% de la producción de energía, que evidentemente es mucho más barata y limpia, y dejaría a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con la mayoría restante, equivalente al 54% de la generación de electricidad.
AMLO aún tiene litigios por la cancelación del NAICM en Texcoco, el cual endeudan al país por las altas cifras de indemnización con proveedores y prestadores de servicios.
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El riesgo país de México, es medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes Global de JPMorgan que analiza y refleja la Inversión Extranjera Directa.
Actualmente, la lucha del ejecutivo para desaparecer instituciones reguladoras autónomas son otros síntomas del riesgo que padece México de cara a las inversiones privadas extranjeras.
La contrarreforma eléctrica pone a la CFE con el 54% de la generación, transmisión y distribución, pondría sus propias tarifas, se autoregularía y decidiría con el 46$ restante por medio de contratos discrecionales la participación privada, lo que implicaría un escueto esquema de transparencia y un alto índice de corrupción.
